Esta medida entrará en vigor desde la publicación y supone una revisión del Código Penal de 2015 donde no se estipulaban las cantidades exactas para justificar o no su aplicación.
Pero si el acusado confiesa el delito o devuelve el dinero malversado, la pena capital se suspendería por dos años y en los hechos, significaría la conmutación por cadena perpetua, que es la condena habitual para los casos de corrupción en el país.
Adicionalmente, los altos cargos pueden ser juzgados por complicidad de no denunciar la corrupción de colegas cercanos, incluso si estos forman parte de su familia.
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